Como Funcionan Las Centrales Termicas
¿?Gas y cogeneraciónUno de los principales problemas que plantean las centrales térmicas es que se trata de un proceso relativa
mente complejo de conversión de energías: la energía química contenida en los combustibles se transmite en forma de energía térmica a un circuito de vapor a presión, portador de energía mecánica a su vez, que se convertirá, tras su paso por la turbina y por el generador, en energía eléctrica.En la práctica, las centrales térmicas convencionales no alcanzan más de un 30% de rendimiento, por lo que se están poniendo en marcha varios procedimientos para elevar esta cifra (algunos se describen en producción + limpia). Un enfoque muy interesante es el de las centrales de gas de ciclo combinado, que pueden superar fácilmente el 40% de rendimiento.En las centrales de ciclo combinado, el gas en combustión es el fluído que mueve directamente una turb
ina especial de alta velocidad, sin pasar por un circuito de vapor. Además, los gases de salida de la turbina contienen suficiente energía como para alimentar un circuito convencional de vapor, que mueve una segunda turbina. Esquema De Funcionamiento Con Los Nombres y Partes
Impacto ambiental de las centrales térmicas
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA :
Además de los requisitos de limitación sonora que se encuentran incluidos en las prescripciones
de puesta en marcha de las centrales más recientes, se han realizado mejoras específicas de la contaminación acústica actuando, por ejemplo, sobre el nivel sonoro causado por la marcha de los ventiladores de tiro forzado o por componentes pasivos como las válvulas de purga o las válvulas limitadoras del combustible.
La aplicación de las mejoras no se ha hecho de manera generalizada, sino que cada central ha realizado modificaciones de mayor a menor extensión, dependiendo de sus condiciones específicas.
VERTIDOS QUÍMICOS :
Los efluentes líquidos, además del condensador para la refrigeración, provienen de muchos subsistemas de la Central. Al final, se obtienen aguas residuales contaminadas con materiales diversos.
En general, las procedencias son de la generación de vapor, de la refrigeración ya comentada, del tratamiento y depuración del agua de alimentación, del manejo de cenizas por vía húmeda,etc.
También se producen efluentes líquidos con otros usos del agua, de forma intermitente. Son las operaciones de limpieza de caldera y precalentadores.
Los componentes que se encuentran en estas aguas residuales son: coagulantes, productos de regeneración, productos de corrosión, escoria, cenizas y otros.
Tecnologias Corectoras De Las Centrales Termicas
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Proteger el medio ambiente es una demanda social y una obligación de los ciudadanos. Así lo establece la Constitución española que, en su artículo 45, consagra el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo mediante la utilización racional de todos los recursos naturales.
Al tiempo, establece la obligación de los poderes públicos de velar por estos principios para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Por último, prevé el establecimiento y regulación por ley de las sanciones penales o administrativas para quienes violen los principios citados, así como la obligación de reparar el daño causado.
Todo ello supone un compromiso ineludible para las administraciones públicas de diseñar el marco legal adecuado para la protección de los valores ambientales, respecto a las diversas actividades capaces de afectar a la conservación del medio ambiente.
Es conocido que la restauración de los daños ya ocasionados al medio ambiente es, frecuentemente, más difícil y costosa que la prevención de los mismos, y suele requerir medidas de paralización o desmantelamiento de la actividad de altos perjuicios sociales y económicos.
Esta necesidad de actuar preventivamente es si cabe, más acuciante, en la Región de Murcia, cuyos ecosistemas áridos y semiáridos resultan muy frágiles a determinadas actuaciones o actividades económicas de incidencia territorial. En ellos es casi siempre inviable ecológica y económicamente una restauración posterior, dada la intensidad de los procesos degradativos que suelen generarse. Esta fragilidad cobra especial trascendencia social y económica cuando algunos de nuestros recursos naturales más condicionantes, como el paisaje o el agua, sufren alteraciones sustanciales en su calidad que afectan a la propia potencialidad productiva de la Región.
Por ello, la prevención se manifiesta como el mecanismo más adecuado, por lo que la Administración debe dotarse de instrumentos para conocer a priori los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de los proyectos de actividad que se susciten. La Ley ha de consolidar este derecho, e impedir los proyectos o actividades cuyo impacto ambiental sea inadmisible, establecer condiciones o correcciones a los mejorables y sancionar las actuaciones, llegando incluso a imponer la rehabilitación de los factores ambientales alterados.
En ese sentido, el artículo 103 R.2 del Tratado de la Comunidad Europea indica que la política ambiental se basará en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de "quien contamina paga".
En los países desarrollados el mecanismo más adecuado para ejercer una eficaz política ambiental preventiva es la técnica de evaluación de impacto ambiental. Su regulación en la Unión Europea la establece la Directiva 85/337, de 27 de junio, mientras que la legislación básica estatal española se contiene en el Real Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, modificado por Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, asume como competencia estatutaria, en su artículo 11.11, la potestad para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de normas adicionales de protección del medio ambiente, en el marco de la legislación básica estatal y en los términos que la misma establezca.
Apoyándose en los antecedentes citados, la Ley se constituye en un marco para el desarrollo de la programación de la política ambiental de la Comunidad Autónoma, y como un sistema de normas adicionales de protección del medio ambiente, modernizando y adaptando los sistemas de control actualmente existentes a las peculiaridades de la Región de Murcia y a la estructura de la Administración autonómica.
La Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia reconoce la corresponsabilidad de la Administración local en la gestión ambiental, y, por ello, potencia el papel de los municipios asignándoles competencias en el proceso de autorización previa. La superación en la Región de Murcia del sistema establecido por el Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, supone una generalización de los mecanismos de autorización previa para las administraciones regional y municipal, en el marco respectivo de los procedimientos de evaluación y calificación ambiental.
También contempla los mecanismos para el control continuado de las actividades que se autoricen y para la adecuación de las que ya se desarrollan, como lo hace respecto a los necesarios mecanismos financieros para la ejecución de directrices y planes de protección ambiental y al régimen sancionador.
Por último la Ley da respuesta a la deseable inquietud social sobre la información y participación en los temas de medio ambiente, al contemplar el sistema de garantías que permita el acceso del ciudadano a la información existente en la administración y el fomento de la acción informativa, especialmente respecto a las fases administrativas de pública concurrencia.
La Ley se compone de un título preliminar y seis títulos, ocho disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
Al título preliminar, dedicado al objeto y fines de la Ley, sigue un título I que contempla el desarrollo de directrices y planes específicos de protección del medio ambiente, para atender a los déficit ambientales existentes, incidiendo a través de esta programación en el resto de políticas económicas y territoriales de la Administración regional.
El título II regula los procesos preventivos de evaluación y calificación de actividades que puedan afectar al medio ambiente, como responsabilidad compartida entre las administraciones regional y local. Con esta finalidad y asumiendo que la evaluación de impacto ambiental es la técnica generalizada en todos los países desarrollados, se eleva el nivel de protección actualmente existente aumentando los supuestos en que diversos proyectos, obras y actividades han de someterse a evaluación previa de impacto ambiental. Para el resto de proyectos la Ley diseña un informe previo a la licencia municipal de apertura, refundiendo y adaptando la sistemática del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, persiguiendo la simplificación de trámites en relación a las autorizaciones ambientales. Por último, establece un régimen especial para aquellas zonas denominadas áreas de sensibilidad ecológica.
El título III desarrolla mecanismos de responsabilidad y de imputación directa de costes, de acuerdo con el principio rector de la gestión ambiental resumido en la máxima "quien contamina paga" evitando, de este modo, que el peso de la financiación de las actuaciones medioambientales recaiga de manera exclusiva en los Presupuestos Generales de las administraciones públicas, lo que impediría una política redistributiva y progresista en esta materia. Complementariamente, se posibilita la creación de fondos para contribuir a financiar actuaciones específicas de protección del medio ambiente contempladas en directrices o planes.
El título IV está dedicado a impulsar una adecuación progresiva de las actividades, especialmente industriales, a las exigencias de la normativa ambiental. Se entiende así que, para la industria, una política decidida de protección del medio ambiente puede contribuir, al mismo tiempo, a optimizar la gestión de los recursos y a crear nuevas oportunidades de mercado, generando, en definitiva, competitividad.
En el título V, de conformidad con el objetivo que inspira el conjunto de medidas establecidas por la presente Ley, se establece el régimen sancionador, describiendo las conductas que constituyen infracción, incluyendo algunas en las que se carece de una normativa sectorial vigente, y la distribución y regulación de las sanciones funcionales y económicas, así como la obligación de restaurar el medio ambiente alterado.
Por último, en el título VI se regulan los mecanismos destinados a potenciar la participación social en la protección del medio ambiente y facilitar el acceso del ciudadano a la información ambiental, reconociéndose el derecho a la acción popular para la exigencia del cumplimiento de esta Ley.
Proteger el medio ambiente es una demanda social y una obligación de los ciudadanos. Así lo establece la Constitución española que, en su artículo 45, consagra el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo mediante la utilización racional de todos los recursos naturales.
Al tiempo, establece la obligación de los poderes públicos de velar por estos principios para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Por último, prevé el establecimiento y regulación por ley de las sanciones penales o administrativas para quienes violen los principios citados, así como la obligación de reparar el daño causado.
Todo ello supone un compromiso ineludible para las administraciones públicas de diseñar el marco legal adecuado para la protección de los valores ambientales, respecto a las diversas actividades capaces de afectar a la conservación del medio ambiente.
Es conocido que la restauración de los daños ya ocasionados al medio ambiente es, frecuentemente, más difícil y costosa que la prevención de los mismos, y suele requerir medidas de paralización o desmantelamiento de la actividad de altos perjuicios sociales y económicos.
Esta necesidad de actuar preventivamente es si cabe, más acuciante, en la Región de Murcia, cuyos ecosistemas áridos y semiáridos resultan muy frágiles a determinadas actuaciones o actividades económicas de incidencia territorial. En ellos es casi siempre inviable ecológica y económicamente una restauración posterior, dada la intensidad de los procesos degradativos que suelen generarse. Esta fragilidad cobra especial trascendencia social y económica cuando algunos de nuestros recursos naturales más condicionantes, como el paisaje o el agua, sufren alteraciones sustanciales en su calidad que afectan a la propia potencialidad productiva de la Región.
Por ello, la prevención se manifiesta como el mecanismo más adecuado, por lo que la Administración debe dotarse de instrumentos para conocer a priori los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de los proyectos de actividad que se susciten. La Ley ha de consolidar este derecho, e impedir los proyectos o actividades cuyo impacto ambiental sea inadmisible, establecer condiciones o correcciones a los mejorables y sancionar las actuaciones, llegando incluso a imponer la rehabilitación de los factores ambientales alterados.
En ese sentido, el artículo 103 R.2 del Tratado de la Comunidad Europea indica que la política ambiental se basará en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de "quien contamina paga".
En los países desarrollados el mecanismo más adecuado para ejercer una eficaz política ambiental preventiva es la técnica de evaluación de impacto ambiental. Su regulación en la Unión Europea la establece la Directiva 85/337, de 27 de junio, mientras que la legislación básica estatal española se contiene en el Real Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, modificado por Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo, asume como competencia estatutaria, en su artículo 11.11, la potestad para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de normas adicionales de protección del medio ambiente, en el marco de la legislación básica estatal y en los términos que la misma establezca.
Apoyándose en los antecedentes citados, la Ley se constituye en un marco para el desarrollo de la programación de la política ambiental de la Comunidad Autónoma, y como un sistema de normas adicionales de protección del medio ambiente, modernizando y adaptando los sistemas de control actualmente existentes a las peculiaridades de la Región de Murcia y a la estructura de la Administración autonómica.
La Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia reconoce la corresponsabilidad de la Administración local en la gestión ambiental, y, por ello, potencia el papel de los municipios asignándoles competencias en el proceso de autorización previa. La superación en la Región de Murcia del sistema establecido por el Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, supone una generalización de los mecanismos de autorización previa para las administraciones regional y municipal, en el marco respectivo de los procedimientos de evaluación y calificación ambiental.
También contempla los mecanismos para el control continuado de las actividades que se autoricen y para la adecuación de las que ya se desarrollan, como lo hace respecto a los necesarios mecanismos financieros para la ejecución de directrices y planes de protección ambiental y al régimen sancionador.
Por último la Ley da respuesta a la deseable inquietud social sobre la información y participación en los temas de medio ambiente, al contemplar el sistema de garantías que permita el acceso del ciudadano a la información existente en la administración y el fomento de la acción informativa, especialmente respecto a las fases administrativas de pública concurrencia.
La Ley se compone de un título preliminar y seis títulos, ocho disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
Al título preliminar, dedicado al objeto y fines de la Ley, sigue un título I que contempla el desarrollo de directrices y planes específicos de protección del medio ambiente, para atender a los déficit ambientales existentes, incidiendo a través de esta programación en el resto de políticas económicas y territoriales de la Administración regional.
El título II regula los procesos preventivos de evaluación y calificación de actividades que puedan afectar al medio ambiente, como responsabilidad compartida entre las administraciones regional y local. Con esta finalidad y asumiendo que la evaluación de impacto ambiental es la técnica generalizada en todos los países desarrollados, se eleva el nivel de protección actualmente existente aumentando los supuestos en que diversos proyectos, obras y actividades han de someterse a evaluación previa de impacto ambiental. Para el resto de proyectos la Ley diseña un informe previo a la licencia municipal de apertura, refundiendo y adaptando la sistemática del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, persiguiendo la simplificación de trámites en relación a las autorizaciones ambientales. Por último, establece un régimen especial para aquellas zonas denominadas áreas de sensibilidad ecológica.
El título III desarrolla mecanismos de responsabilidad y de imputación directa de costes, de acuerdo con el principio rector de la gestión ambiental resumido en la máxima "quien contamina paga" evitando, de este modo, que el peso de la financiación de las actuaciones medioambientales recaiga de manera exclusiva en los Presupuestos Generales de las administraciones públicas, lo que impediría una política redistributiva y progresista en esta materia. Complementariamente, se posibilita la creación de fondos para contribuir a financiar actuaciones específicas de protección del medio ambiente contempladas en directrices o planes.
El título IV está dedicado a impulsar una adecuación progresiva de las actividades, especialmente industriales, a las exigencias de la normativa ambiental. Se entiende así que, para la industria, una política decidida de protección del medio ambiente puede contribuir, al mismo tiempo, a optimizar la gestión de los recursos y a crear nuevas oportunidades de mercado, generando, en definitiva, competitividad.
En el título V, de conformidad con el objetivo que inspira el conjunto de medidas establecidas por la presente Ley, se establece el régimen sancionador, describiendo las conductas que constituyen infracción, incluyendo algunas en las que se carece de una normativa sectorial vigente, y la distribución y regulación de las sanciones funcionales y económicas, así como la obligación de restaurar el medio ambiente alterado.
Por último, en el título VI se regulan los mecanismos destinados a potenciar la participación social en la protección del medio ambiente y facilitar el acceso del ciudadano a la información ambiental, reconociéndose el derecho a la acción popular para la exigencia del cumplimiento de esta Ley.
Centrales Termicas Instaladas En España
INFORME DE GREENPEACE
Las energías renovables podrían abastecer 56 veces la demanda de electricidad de España en 2050
El estudio dibuja el 'mapa ideal' de la energía en España
Cada vez más casas en España llevan placas solares. (Foto: EL MUNDO)
ADEMÁS
Consejos para ahorrar energía
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Noticias relacionadas en elmundo.es
Actualizado miércoles 23/11/2005 09:32 (CET)
OLALLA CERNUDA
MADRID.- Las energías renovables y no contaminantes podrían abastecer 56,42 veces la demanda total de energía que los españoles consumirán en el año 2050. Esa es la principal conclusión del informe Renovables 2050, un estudio sobre el potencial de las energías 'limpias' en España presentado por Greenpeace.
"España es un país rico en energías renovables, que son la forma más segura y limpia de garantizar el abastecimiento energético y cumplir el Protocolo de Kioto. Hay que aprovechar esos recursos y no seguir invirtiendo en centrales térmicas y nucleares, que nos obligan a depender de energías más sucias, caras e i
mportadas", señaló durante la presentación del estudio Juan López de Uralde, director de la organización en España.
En la Península, el mayor recurso es el sol. Según el informe, sólo con las actuales energías que aprovechan el calor del sol (termoeléctrica, fotovoltáica y chimenea solar) se podría generar 45 veces la demanda de electricidad en 2050. "Nuestro mayor yacimiento es el sol, pero el Gobierno tiene que cambiar el papel marginal que se le ha dado hasta ahora a las distintas formas de aprovechamiento de la anergía solar", señaló José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
Según el informe, elaborado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y la Universidad Pontifica de Comillas, los recursos energéticos renovables están ampliamente distribuidos en toda España, por lo que existen "infinitas opciones" para optar por este tipo de energías utilizando sólo el 5,3% del territorio y excluyendo las zonas protegidas por alguna figura de protección ambiental.
Greenpeace compara el "elevadísimo potencial de las energías renovables en España con la timidez del Plan de Energías Renovables presentado por el Ministerio de Medio Ambiente", que pretende cubrir con energías 'limpias' el 12% de la demanda en 2010, y cuya principal apuesta es la energía eólica en lugar de la solar.
El objetivo de este proyecto es averiguar si las renovables son suficientes para cubrir la demanda energética de la sociedad y verificar si es posible encontrar la solución al cambio climático mediante la sustitución completa de los combustibles fósiles por energías renovables, junto a un uso más eficiente de la energía.
Una central eólica en El Bierzo. (Foto: EL MUNDO)
La segunda parte, que se publicará el año próximo, se ocupará de calcular cuántas energías renovables se podrían integrar en el sistema eléctrico y cómo se podría componer un mix de generación 100% renovable que satisfaga toda la demanda de electricidad en el horizonte 2050.
El mapa
Este sería el 'mapa' ideal de la utilización de energías renovables en España:
Energía geotérmica. Según el informe, en España se podrían instalar 2.480 MW de potencia eléctrica basada en la energía geotérmica, la existente en el subsuelo, lo que permitiría cubrir un 7% de la demanda en 2050. El mayor potencial está en las dos Castillas y Andalucía.
Energía Hidráulica. La potencia hidroeléctrica podría alcanzar los 18.800 MW en 2050, lo que supondría un 13,5% de la demanda en España. Al ser una tecnología almacenable, su contribución es especialmente útil. El mayor potencial está en Castilla y León, seguido de Galicia.
Biomasa. La biomasa es la energía de la materia orgánica, procedente de residuos forestales, agrícolas o ganaderos, que a su vez se convierten en biogas. En España se podrían instalar 19.460 MW, lo que permitiría cubrir el 50,5% de la demanda prevista para 2050. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón podrían generar con biomasa una cantidad de electricidad superior a su propia demanda proyectada para 2050.
Olas. La energía mecánica de las olas se puede aprovechar para su conversión en electricidad, aunque en España todavía no está en fase comercial. Según el informe, se podrían instalar 84.400 MW, lo que permitiría cubrir un 105,7% de la demanda eléctrica peninsular para 2050. El mayor potencial está en Galicia.
Eólica marina. Esta energía convierte en electricidad la fuerza del viento, mediante aerogeneradores situados en el mar. En España se podrían instalar 164.760 MW, lo que cubriría un 119% de la demanda para 2050. El mayor potencial está en la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Cantabria y Andalucía.
Eólica terrestre. En España se podrían instalar 915.000 MW de potencia eléctrica basados en la energía eólica terrestre, lo que bastaría para cubrir ocho veces la demanda eléctrica de toda la Península proyectada para 2050. El mayor potencial está en las dos Castillas y Andalucía.
Chimenea solar. Una central de chimenea solar es un gran colector plano que convierte la radiación solar en energía térmica. En España se podrían instalar 324.300 MW, lo que cubriría tres veces la demanda de España para 2050. El mayor potencial está en las dos Castillas y Andalucía.
Solar fotovoltaica. Es la que convierte en electricidad la luz recibida directamente del sol, las conocidas com placas solares instaladas en edificios. Se podrían instalar 494.500 MW, suficiente para cubrir más del doble de la demanda de España en 2050. El mayor potencial está en Andalucía y Cataluña.
Solar termoeléctrica. Estas centrales utilizan un campo de espejos para concentrar la radiación solar directa, con la que generan electricidad. Se podrían instalar 2.739.000 MW, más de 35 veces la demanda española. El mayor potencial de estas centrales está en Castilla y León.
Las energías renovables podrían abastecer 56 veces la demanda de electricidad de España en 2050
El estudio dibuja el 'mapa ideal' de la energía en España
Cada vez más casas en España llevan placas solares. (Foto: EL MUNDO)
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Actualizado miércoles 23/11/2005 09:32 (CET)
OLALLA CERNUDA
MADRID.- Las energías renovables y no contaminantes podrían abastecer 56,42 veces la demanda total de energía que los españoles consumirán en el año 2050. Esa es la principal conclusión del informe Renovables 2050, un estudio sobre el potencial de las energías 'limpias' en España presentado por Greenpeace.
"España es un país rico en energías renovables, que son la forma más segura y limpia de garantizar el abastecimiento energético y cumplir el Protocolo de Kioto. Hay que aprovechar esos recursos y no seguir invirtiendo en centrales térmicas y nucleares, que nos obligan a depender de energías más sucias, caras e i
mportadas", señaló durante la presentación del estudio Juan López de Uralde, director de la organización en España.
En la Península, el mayor recurso es el sol. Según el informe, sólo con las actuales energías que aprovechan el calor del sol (termoeléctrica, fotovoltáica y chimenea solar) se podría generar 45 veces la demanda de electricidad en 2050. "Nuestro mayor yacimiento es el sol, pero el Gobierno tiene que cambiar el papel marginal que se le ha dado hasta ahora a las distintas formas de aprovechamiento de la anergía solar", señaló José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
Según el informe, elaborado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y la Universidad Pontifica de Comillas, los recursos energéticos renovables están ampliamente distribuidos en toda España, por lo que existen "infinitas opciones" para optar por este tipo de energías utilizando sólo el 5,3% del territorio y excluyendo las zonas protegidas por alguna figura de protección ambiental.
Greenpeace compara el "elevadísimo potencial de las energías renovables en España con la timidez del Plan de Energías Renovables presentado por el Ministerio de Medio Ambiente", que pretende cubrir con energías 'limpias' el 12% de la demanda en 2010, y cuya principal apuesta es la energía eólica en lugar de la solar.
El objetivo de este proyecto es averiguar si las renovables son suficientes para cubrir la demanda energética de la sociedad y verificar si es posible encontrar la solución al cambio climático mediante la sustitución completa de los combustibles fósiles por energías renovables, junto a un uso más eficiente de la energía.
Una central eólica en El Bierzo. (Foto: EL MUNDO)
La segunda parte, que se publicará el año próximo, se ocupará de calcular cuántas energías renovables se podrían integrar en el sistema eléctrico y cómo se podría componer un mix de generación 100% renovable que satisfaga toda la demanda de electricidad en el horizonte 2050.
El mapa
Este sería el 'mapa' ideal de la utilización de energías renovables en España:
Energía geotérmica. Según el informe, en España se podrían instalar 2.480 MW de potencia eléctrica basada en la energía geotérmica, la existente en el subsuelo, lo que permitiría cubrir un 7% de la demanda en 2050. El mayor potencial está en las dos Castillas y Andalucía.
Energía Hidráulica. La potencia hidroeléctrica podría alcanzar los 18.800 MW en 2050, lo que supondría un 13,5% de la demanda en España. Al ser una tecnología almacenable, su contribución es especialmente útil. El mayor potencial está en Castilla y León, seguido de Galicia.
Biomasa. La biomasa es la energía de la materia orgánica, procedente de residuos forestales, agrícolas o ganaderos, que a su vez se convierten en biogas. En España se podrían instalar 19.460 MW, lo que permitiría cubrir el 50,5% de la demanda prevista para 2050. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón podrían generar con biomasa una cantidad de electricidad superior a su propia demanda proyectada para 2050.
Olas. La energía mecánica de las olas se puede aprovechar para su conversión en electricidad, aunque en España todavía no está en fase comercial. Según el informe, se podrían instalar 84.400 MW, lo que permitiría cubrir un 105,7% de la demanda eléctrica peninsular para 2050. El mayor potencial está en Galicia.
Eólica marina. Esta energía convierte en electricidad la fuerza del viento, mediante aerogeneradores situados en el mar. En España se podrían instalar 164.760 MW, lo que cubriría un 119% de la demanda para 2050. El mayor potencial está en la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Cantabria y Andalucía.
Eólica terrestre. En España se podrían instalar 915.000 MW de potencia eléctrica basados en la energía eólica terrestre, lo que bastaría para cubrir ocho veces la demanda eléctrica de toda la Península proyectada para 2050. El mayor potencial está en las dos Castillas y Andalucía.
Chimenea solar. Una central de chimenea solar es un gran colector plano que convierte la radiación solar en energía térmica. En España se podrían instalar 324.300 MW, lo que cubriría tres veces la demanda de España para 2050. El mayor potencial está en las dos Castillas y Andalucía.
Solar fotovoltaica. Es la que convierte en electricidad la luz recibida directamente del sol, las conocidas com placas solares instaladas en edificios. Se podrían instalar 494.500 MW, suficiente para cubrir más del doble de la demanda de España en 2050. El mayor potencial está en Andalucía y Cataluña.
Solar termoeléctrica. Estas centrales utilizan un campo de espejos para concentrar la radiación solar directa, con la que generan electricidad. Se podrían instalar 2.739.000 MW, más de 35 veces la demanda española. El mayor potencial de estas centrales está en Castilla y León.
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